Hay que reconocer que tienen razón aquellos que afirman que las nuevas tecnologías facilitan la delincuencia. Y no sólo aquellas como la pederastia, el terrorismo internacional, el tráfico de armas, drogas o personas sino otras formas de guante blanco como son los delitos de carácter económico y corrupción que suelen tener una mejor prensa si no hasta una especie de heroicidad para quiénes la comenten. Habría que decir, como descargo a las cosas buenas que las nuevas tecnologías nos traen, que la base de la delincuencia no está en el despliegue de éstas sino en las personas que las usan y que cometerían delitos igual si sólo existiera la escritura cuneiforme sobre tablillas de barro antes que redes de datos de alta velocidad.
Y es que los correos electrónicos y las llamadas a móvil han estado en boca de muchos estos días con los sumarios del Caso Eólico, adjudicación irregular en 2004 de explotaciones de energía eólica en el archipiélago, y de la Operación Góndola por un asunto de saltar la moratoria turística en la construcción del complejo Anfi Tauro por el empresario grancanario Santiago Santana Cazorla.
Este sábado salió en la primera página del diario El País, es el hecho que este caso afecte al PP por lo que ha salido en un lugar tan destacado, un artículo sobre las escuchas del que fuera director general de industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y varios empresarios en las que se pueden encontrar varios delitos de posible cohecho. Puestos a pedir se pedían hasta 12 mil euros por kilovatio adjudicado. La fiscalía pide para este imputado algo más de siete años de cárcel algo que es una pena ridícula para la gravedad de un delito como es el de corrupción política. La impresión que da Celso Perdomo es que este no es más que un pringado que en petit comite se ha jactado de tener documentación que inculpa a personajes más altos no sólo de la consejería de industria en aquellos días sino del Partido Popular.
Las filtraciones de las transcripciones de las llamadas de la Operación Góndola, en las que hay una entre el ex presidente Adán Martín y el empresario Santiago Santana Cazorla, dejan los pelos de punta. No sólo por lo que se puede leer en ellas, que ya es mucho, sino por el pobre léxico coloquial, por algún lado se cuela un haiga, del mismo Martín, Santana Cazorla, Salvador Miguel Iglesias Machado que fue asesor del presidente y Domingo Berriel ex consejero de medio ambiente. Y es que la reacción de hooligan el otro día del Presidente del Parlamento de Canarias, el segundo cargo institucional más importante de Canarias después de la presidencia de gobierno, no es la excepción sino probablemente la norma por la que los cargos electos del archipiélago se comportan en privado y ahora en público. Es seguro que jamás nadie en su vida privada tiene un estilo de habla cervantina pero el analfabetismo funcional que encontramos en las palabras de estos personajes, lo tuyo estaba medio parado dice Salvador, da mucho qué pensar en relación a la clase de personajes que nos han estado gobernando o que tienen en su mano la mayor parte de la economía de las islas. Y es que el asesor no sólo es capaz de predecir la presidencia de Paulino Rivero al que prefieren segundo de las elecciones para poder pactar con el PP sino que en la conversación de Santana Cazorla con Adán Martín nos damos cuenta para quiénes han estado gobernado Coalición Canaria esta década larga. El ex presidente afirma que la nueva RIC servirá para que se meta dinero en la renovación de la planta hotelera y con ello se puede dar una vuelta de cojones. La RIC, reza la Ley 19/1994, tiene como objetivo la creación de empleo y no la de que un individuo pegue un pelotazo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha encontrado indicios de delito en estas conversaciones y con todo el debido respeto a la justicia, aunque imperfecta es lo único que a los ciudadanos nos da garantías en un estado de derecho, pienso que los magistrados deberían comprarse una gafas nuevas y tirar las que tienen pues quizá éstas hagan que vean las cosas en el son que las circunstancias marcan.
En estos años en Canarias han sonado muchos casos de corrupción como el de las prospecciones mineras de Tindaya que nunca se hicieron, el del ICFEM, la playa de Las Teresitas, los ayuntamientos de Telde o Mogán, las ilegalidades de una tercera parte de los hoteles de lujo en Lanzarote, los abusos del Marqués de La Oliva, el encarcelamiento de Dimás Martín ex presidente del Cabildo de Lanzarote, la totalidad del anterior grupo de gobierno de Arona imputado o las corrupciones del PSOE en el Sur de Tenerife, la isla de La Gomera o el municipio de El Rosario. Un dato económico que ha salido estos días a la palestra es que el 20 por ciento de PIB que se genera en el archipiélago, viene a representar un 4 por ciento del nacional, no se podría explicar sin la economía sumergida. Quizá en estos casos se pueda dar una explicación bastante plausible de dónde se genera este dinero negro que aparece reflejado en el PIB de Canarias. Es bastante probable que la corrupción en el archipiélago sea de carácter estructural y afecte a los tres partidos, PSOE, CC y PP, de manera proporcionalmente caciquil a su expansión y raíces territoriales.
Estos días se han estado dando movimientos desde medios como el periódico El Día o la Autoridad Portuaria para el comienzo de las obras en lo que será el mayor pelotazo de la historia de Canarias que es la construcción del puerto de Granadilla y el desmantelamiento del puerto de Santa Cruz para crear centros comerciales, de ocio y turísticos. La tenacidad por sacar adelante esta obra que se ha demostrado hasta la nausea que no sólo no es eficaz sino devastadora es inversamente proporcional al hecho que la Fiscalía Anticorrupción no haya sido capaz de meter manos en el asunto. Tendrá otras cosas mejores que hacer o puede que determinadas circunstancias se lo impidan. Lo que está claro es que el asunto debe contar con muchos correos electrónicos y llamadas de móvil todo ello envuelto en el lenguaje chocarrero que caracteriza al habla canario.
Canarias 24 horas, 6 de marzo de 2008.
